Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación en Uruguay PCTI Uy

Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación en Uruguay

¿Qué políticas?





Las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación (PCTI) pueden clasificarse de acuerdo a distintos criterios, según la dimensión que se enfatice: la organización responsable de ejecutar políticas y programas, las configuraciones institucionales y la gobernanza del sistema, o la consideración de metas y objetivos, por ejemplo. Otra forma posible de clasificación de las PCTI surge al analizar el contexto más amplio del sistema de innovación, y sus funciones o actividades. Un análisis de trabajos previos nos permite comprender mejor estas políticas y reflexionar acerca de estos modelos y su vinculación con nuestra realidad.

En este sitio se podrá encontrar una síntesis de estas clasificaciones y también una propuesta de organización de los instrumentos de políticas que el país ha apoyado en la última década, de acuerdo a la siguiente nomenclatura: clase, tipo, áreas, objetivos, instituciones, entre otras. Estas etiquetas nos ayudan a clasificar los instrumentos de políticas. Por ejemplo, se podría seleccionar:

• Áreas: energía, residuos y medio ambiente
• Clase: apoyo económico
• Público objetivo: dirigidas al sector público

Y la búsqueda da como resultado:

• Premio Economía Circular
• Fondo Sectorial Energía: Empresas
• UTE-UDELAR
• Certificados de eficiencia energética (CEE)

Allí se puede continuar la búsqueda teniendo en cuenta los fundamentos o justificación de esas políticas y también qué análisis se han realizado sobre ellas.

También, se podrá encontrar un mapa de las organizaciones y políticas vinculadas a ciencia, tecnología e innovación completo e intuitivo, que puede resultar útil en un esfuerzo de sintetizar información de manera amigable.

Antes de presentar las tipologías de políticas relevadas en la literatura es importante aclarar que este estudio relevó lo que se denomina "PCTI en sentido amplio". Esa expresión se ha empleado para agrupar lo que se llama "políticas explícitas e implícitas de CTI". Esa es una vieja distinción (Herrera 1971) que nos permite por un lado identificar y clasificar aquellas políticas que desde su definición apuntan a objetivos o poblaciones cuya principal actividad es la investigación, o bien que buscan promover actividades de ese tipo en organizaciones productivas, de coordinación, etc. Esta visión en sentido amplio, nos permite capturar las denominadas políticas implícitas, que, en este trabajo, refieren a aquellas que, si bien no están directamente orientadas a la CTI, dados sus objetivos y requerimientos son políticas fundamentales para el desarrollo de la CTI.

Un buen ejemplo puede ser el Régimen de Promoción de Inversiones que Uruguay ha desarrollado desde antes del período considerado con diferentes modificaciones. Esta es una política de inversión que, a partir de las últimas modificaciones introducidas en el período analizado, considera las actividades de I+D entre las que ameritan exoneración impositiva, no obstante, se entiende que todo el programa promueve la modernización, elaboración de proyectos y definición de rutinas. Por eso se incluye todo el programa en la base de datos.

El criterio de demarcación entre las políticas explícitas e implícitas, así como la delimitación de hasta dónde considerar las políticas no explícitas como implícitas es siempre arbitrario y depende de las características de cada estudio. Siendo este un reporte orientado a contribuir con un tema relevante de interés general, y con énfasis en instrumentos y programas, consideramos las políticas implícitas a partir de la identificación de aquellos instrumentos que promueven actividades de mejora tecnológica, alcance de estándares, formación y mejoramiento, dirigido a empresas, organizaciones de investigación u otras organizaciones que median en el proceso de creación de bienes y conocimiento.



Resumen de las tipologías PCTI

A continuación se presentan algunas ideas en torno a distintas formas de clasificar las políticas de CTI de acuerdo a la reflexión de algunos estudiosos del tema.


1. Políticas para la construcción de capacidades sistémicas de CTI

Desde un enfoque más macro, observando los sistemas de innovación, sus problemas y los instrumentos de políticas que contribuyen a resolverlos, a otros más meso vinculado a la naturaleza de las capacidades que se buscan generar, sean éstas transversales u horizontales o apunten a aspectos sectoriales o verticales, o si su énfasis es hacia el fortalecimiento de las capacidades u oferta, o si por el contrario buscan fortalecer la demanda de ciencia, tecnología e innovación.

Ver más En este sentido, dos autores con mucha experiencia en el análisis de estos temas en países europeos, Borrás y Edquist (2019) sugieren un conjunto de actividades o funciones que hacen a los sistemas de innovación, buscando organizar los determinantes de estos procesos. En este sentido, ellos plantean que las políticas pueden apuntar a cumplir las siguientes funciones:

• Provisión de insumos de conocimiento en el proceso de innovación (resultados de I+D y desarrollo de competencias a nivel individual y organizacional)
• Actividades de demanda (formación de mercados y articulación de requisitos de calidad)
• Provisión de aspectos que integran los sistemas de innovación (creación y cambio de organizaciones y en las instituciones)
• Servicios de apoyo para las empresas innovadoras (financiamiento, incubación y consultoría)

Wieczorek y Hekkert (2012) en un trabajo anterior señalan la importancia de contemplar tanto los componentes que hacen a la estructura del sistema, sino también sus funciones. Y entre ellas, además de plantear algunas que coinciden con lo anterior como por ejemplo la producción y difusión del conocimiento, el desarrollo de actividades emprendedoras, la formación de mercados y la movilización de recursos, agregan otras como la creación de legitimidad que debería ser parte de un sistema de innovación, y una cierta orientación que guíe la búsqueda en el sistema. Brindan algunos ejemplos de preguntas que al responderlas puedan dar indicios del estado de situación de las sistema de innovación, en relación a las funciones planteadas. Por ejemplo, algunas de éstas son:

• En relación a la función de desarrollo de actividades emprendedoras, que es clave en un sistema de innovación, cabe preguntarse: ¿Hay suficientes emprendedores y cuál es la calidad de su desarrollo? ¿Cómo es la calidad de ese emprendedurismo? ¿Qué tipos de empresas están involucradas? ¿Hasta qué punto hay experimentación entre los emprendedores?
• O en relación a la función de producción de conocimiento que también es vital para la innovación: ¿Qué actores producen conocimiento y quién los financia? ¿Hay demanda de conocimiento? ¿Quiénes utilizan ese conocimiento?
• En relación a la función vinculada a la creación de legitimidad, algunas preguntas que sirven como indicio pueden ser: ¿Cómo se percibe a nivel de la sociedad la inversión en ciencia y tecnología? ¿Hay mucha resistencia al cambio?
• En relación a la orientación de la búsqueda que estos autores plantean, se preguntan: ¿Hay una meta claramente articulada y compartida por el sistema? ¿Esta meta tiene programas y recursos asociados? ¿Esta visión articulada es acorde a la legislación vigente?
• A nivel de la movilización de recursos que sostiene el funcionamiento de un sistema, algunas de las preguntas propuestas son: ¿Los recursos públicos son adecuados para el sistema de CTI? ¿Las empresas acceden a los recursos disponibles?

Desde UNESCO, Lemerchand (2015) también propone una serie de funciones pero a un nivel bastante más desagregado. Se incluyen trece funciones entre las que se destaca, el fortalecimiento de nuevo conocimiento científico endógeno, el fortalecimiento de infraestructura de laboratorios de investigación públicos y privados, el fortalecimiento de equidad de género en la investigación y la innovación, el fortalecimiento de la apropiación social del conocimiento científico y las nuevas tecnologías, el desarrollo de áreas estratégicas de C&T, el fortalecimiento de la educación en ciencia y tecnología desde primaria a niveles de posgraduación, el desarrollo de tecnologías verdes y otras que promuevan la inclusión social, la promoción de sistemas de conocimiento local, la promoción de formación de start-ups o empresas pequeñas que apuestan a un crecimiento rápido en áreas intensivas en tecnología y nuevos nichos de productos y servicios de alto valor agregado, el fortalecimiento de la cooperación regional e internacional, el fortalecimiento de la calidad de estudios tecnológicos de futuro para evaluar el potencial de mercados de alto valor.

Edler y Georghiou (2007) hacen referencia a las políticas sistémicas, las regulatorias, las compras públicas y de apoyo a la demanda privada. Por su parte, Benavente, Crespi y otros autores (2016) establecen la importancia de distinguir la naturaleza de los instrumentos, dependiendo de si apuntan a construir capacidades que son transversales a todo el sistema o específicos a un sector de actividad en particular, dando lugar así a instrumentos horizontales y verticales. Para definir un abordaje horizontal/transversal o vertical/sectorial de las políticas importa tener en cuenta las capacidades en uno y otro caso son necesarios para implementarlas. Las políticas horizontales requieren menos capacidades institucionales que las sectoriales, y por tanto sirven para poner en marcha el proceso de construcción de PCTI.

Navarro, Benavente y Crespi (2016) proponen distinguir la orientación de las políticas que apuntan al fortalecimiento de la oferta o de la demanda de CTI, dependiendo del tipo de "falla" que se busca corregir: sean bienes públicos, asimetrías en la difusión de información, asimetrías en la información financiera), o aspectos de coordinación.



2. Proceso de políticas de CTI

Lo anterior se complementa con un abordaje del proceso de las políticas públicas y las distintas etapas que las constituyen, desde que son parte de las agendas públicas, hasta su formulación, implementación y posteriormente su evaluación. Aquí se trata discutir la interrogante habitual respecto a qué ocurre si estas tipologías de políticas de CTI se analizan a la luz de la reflexión sobre la implementación de las políticas públicas. Está claro que entre el diseño y la planificación de las políticas puede haber cambios sustantivos; un gran trecho en general separa una y otra fase de las políticas. Dos autores, Sandfort y Moulton (2015), definen la implementación como un cambio deliberado, sancionado institucionalmente, motivado por una política o programa orientado a crear resultados de valor público con un cierto propósito. Es un proceso de cambio que ocurre a veces simultáneamente, e incluso en direcciones contrarias a diferentes niveles en un sistema. Es deliberado, ya que implica el diseño consciente, la planificación y la evaluación de lo que ocurre. Está sancionado institucionalmente, ya que implica la actuación de autoridad política y una comprensión pragmática de acciones razonables dentro de las limitaciones operativas de contexto. Se centra en el cambio, ya que introduce nuevos o modifica los patrones de acciones existentes.

Ver más Diversos enfoques han surgido para entender la implementación de políticas públicas. Existen tres enfoques convencionales para el estudio de la implementación. El primero se orienta al estudio de los procesos políticos, y tiene un particular interés por el control político y el poder en la implementación de las políticas públicas. Desde este enfoque, los estudios iniciales de la implementación se centraron en el diseño de la política, dando por supuesto que la implementación sería la adecuada siempre que el diseño de la política pública fuera el correcto – el llamado abordaje de arriba hacia abajo (top-down). Desde dentro de este enfoque surgiría más tarde la crítica al mismo, enfatizando que el diseño de la política debe adaptarse a cada contexto. Esta crítica también se centraba en el diseño de la política, ahora en un contexto dado, como el predictor por excelencia de una buena implementación –llamado el enfoque de abajo hacia arriba (bottom-up).

Un segundo enfoque para el estudio de la implementación es el de la gobernanza y gestión. Este enfoque prioriza el estudio de los sistemas de coordinación entre los actores involucrados en la implementación de políticas públicas. Una primera versión del enfoque de la gobernanza y la gestión prioriza la jerarquía de las relaciones entre las instituciones, los gestores de políticas, y las operaciones particulares al implementarse una política pública. Si bien asume una relación jerárquica entre estos actores, incorpora los procesos de retroalimentación que se suceden luego implementación de la política. Es decir, muchas veces los resultados de la política pública observados por los ciudadanos afectan la elección posterior de los gestores de políticas que pueden cambiar el diseño de las políticas, en un constante proceso de retroalimentación. Dentro del enfoque de la gobernanza y gestión, otra versión se focaliza en las redes de actores múltiples que participan en la implementación de la política pública. Específicamente, la unidad de análisis es la red de actores que asuman roles o responsabilidades en la implementación de la política, como también la coordinación entre ellos. Por último, dentro del enfoque de la gobernanza y gestión, existe otra línea de investigación que se focaliza en los instrumentos de gobernanza. Es decir, contratos, mecanismos regulatorios, incentivos, y otras estructuras formales que intentan coordinar y guiar la conducta de los actores objeto de un determinado programa.

Un tercer enfoque, pretende particularmente valorar la implementación y sus características en sí mismas. Por ejemplo, el análisis de políticas utiliza técnicas econométricas y experimentos de campo para producir evaluaciones, incluyendo a la implementación como una o un conjunto de variables dentro del análisis. La llamada ciencia de la implementación, que se origina en las ciencias médicas, introduce innovaciones durante la implementación de un programa para evaluar sus efectos. Por otra parte, la economía del comportamiento ha contribuido al estudio de la implementación a través del análisis de los "empujones" que incentivan o desalientan determinadas conductas.



Para estudiar la implementación de política públicas y su administración, Sandfort y Moulton (2015) desarrollan algunas categorías que recortan las distintas dimensiones de la instrumentación de la política pública. Todas estas dimensiones parten de conceptualizar a la implementación de políticas públicas dentro de un área de acción estratégico. Este se define como el área de la sociedad en la que se quiere influir mediante la acción colectiva. Quienes participan en este escenario tienen una comprensión general de su propósito, relaciones y las reglas explícitas y tácitas que guían sus acciones. Este es un enfoque que parte desde la complejidad de los sistemas, y entiende a la implementación desde la perspectiva de niveles múltiples. Para ello, focaliza el análisis en las partes esenciales del sistema para una exploración detallada. Los diferentes niveles del proceso de implementación de un instrumento no son independientes entre sí, sino que están integrados e interrelacionados. Estos niveles son en las áreas de las políticas, las organizaciones que operan en él, y la primera línea, que a su vez se ve influenciada por el grupo objetivo del instrumento en particular. Para poder desarrollar esta mirada sistémica, que atiende la interacción entre los instrumentos y programas, es muy relevante considerar la distinción entre políticas explícitas e implícitas, cuya coordinación, a menudo, depende de organismos y estructuras de gobernanza diferentes.

Ver más Para estudiar la implementación de política públicas y su administración, Sandfort y Moulton (2015) desarrollan algunas categorías que recortan las distintas dimensiones de la instrumentación de la política pública. Todas estas dimensiones parten de conceptualizar a la implementación de políticas públicas dentro de un área de acción estratégico. Este se define como el área de la sociedad en la que se quiere influir mediante la acción colectiva. Quienes participan en este escenario tienen una comprensión general de su propósito, relaciones y las reglas explícitas y tácitas que guían sus acciones. Este es un enfoque que parte desde la complejidad de los sistemas, y entiende a la implementación desde la perspectiva de niveles múltiples. Para ello, focaliza el análisis en las partes esenciales del sistema para una exploración detallada. Los diferentes niveles del proceso de implementación de un instrumento no son independientes entre sí, sino que están integrados e interrelacionados. Estos niveles son en las áreas de las políticas, las organizaciones que operan en él, y la primera línea, que a su vez se ve influenciada por el grupo objetivo del instrumento en particular. Para poder desarrollar esta mirada sistémica, que atiende la interacción entre los instrumentos y programas, es muy relevante considerar la distinción entre políticas explícitas e implícitas, cuya coordinación, a menudo, depende de organismos y estructuras de gobernanza diferentes.

El área de las políticas proporciona el escenario en el que se desarrolla la implementación de un instrumento de política en particular. Este se compone de redes de organizaciones que llevan a cabo programas e instrumentos en un área sustantiva de políticas bien definida, tales como seguridad nacional, la atención a la salud, o la asistencia alimentaria, en un lugar y tiempo en particular. Las áreas de políticas se forman de varias maneras, por ejemplo, pueden iniciarse en respuesta a una crisis nacional o evento histórico. Un ejemplo surge con los ataques terroristas de 2001 en los Estados Unidos que crearon nuevas necesidades para mejorar la seguridad nacional con una reorientación fundamental de las instituciones existentes. Pero lo más común es que los campos de políticas no surjan como respuesta a un determinado evento. Generalmente evolucionan con el tiempo, moldeados por las experiencias que las organizaciones comparten al trabajar en problemas de orden público. Los campos de políticas no existen de forma aislada, y están influenciados por los campos de otras jurisdicciones geográficas.

Las organizaciones que definen y administran una política pública se definen como estructuras sociales creadas por individuos para alcanzar, colaborativamente, objetivos específicos. Ellas toman decisiones en cada etapa del proceso de definición de la política pública, y tienen poder de influencia sobre los resultados alcanzados, intencionalmente y sin intención. Las autoras sostienen que es extraño que una nueva organización se cree para llevar adelante un instrumento específico. Generalmente, los nuevos programas se implementan dentro de organizaciones existentes, que cuentan con estructuras, recursos y culturas organizacionales preestablecidas. Los instrumentos de política pueden verse frustrados si no están adecuadamente integrados en el sistema organizacional existente. Identificar estas organizaciones es importante, dado que dos organizaciones que operan dentro del mismo campo de políticas pueden tener estructuras sociales muy diferentes que influyen en su enfoque e impactan de forma diferencial en la población objetivo. Incluso si las organizaciones operan bajo la misma legislación y regulaciones, es probable que difieran en las asignaciones de recursos que están dispuestas a dedicar a un instrumento similar. Las organizaciones juegan dos roles críticos y esenciales para la operativa de un instrumento: la autorización y la prestación de servicios. El primero refiere a otorgar responsabilidades, financiación y los estándares de desempeño del instrumento (gobernanza). El segundo rol es llevar a cabo las acciones conducentes para que el instrumento alcance e impacte en la población objetivo (administración). En algunos campos de políticas, una sola organización puede desempeñar ambos roles, y en otros campos, distintas organizaciones pueden llevarlos a cabo. Las organizaciones, se encuentran un punto medio entre el campo de las políticas y la primera línea.

La primera línea de los sistemas de implementación es donde se efectúa el programa para la población objetivo. A veces, esto ocurre gracias a la interacción directa entre los trabajadores de primera línea y los miembros del grupo objetivo. En otras ocasiones, los trabajadores de primera línea operan detrás de escena, procesando documentos o llevando adelante procesos que afectan a la población objetivo. Desde una perspectiva de implementación, la primera línea a menudo se describe en términos de la discrecionalidad o independencia que los trabajadores de primera línea tienen sobre las decisiones del programa. Si bien la discreción o independencia de los trabajadores de primera línea es útil para comprender algunas dinámicas relevantes para la implementación de políticas públicas, la imagen no está completa solamente investigando este aspecto. Por un lado, el foco tiende a estar en la interacción entre el "cliente" y el trabajador de primera línea de forma aislada, divorciada de las formas importantes en que el proceso y el contexto configuran lo que acontece. Segundo, el foco en la discreción o independencia de la primera línea necesariamente llama la atención a los trabajadores de primera línea, prestando poca atención a describir o analizar a las personas con quienes interactúan estos implementadores de políticas. En muchos casos, los grupos objetivo del instrumento son muy importantes en para entender el resultado de los procesos de implementación.

Los grupos objetivo son los beneficiarios de la implementación de un determinado instrumento. La población objetivo a menudo se define a nivel de campo de políticas, refinándose a través de requisitos de elegibilidad y procedimientos operativos en los niveles organizacionales en un sistema de implementación. Si bien no existe ambigüedad en algunos casos, como por ejemplo la población que pagan o no un determinado impuesto, si la hay en otros casos, como por ejemplo en detectar a los beneficiarios de instrumentos educativos o de salud. En los últimos treinta años, ha habido una tendencia hacia la conceptualización de los grupos objetivo como "clientes", evocando imágenes de la capacidad de respuesta del sector privado y servicios personalizados. Esta noción implica que todas las personas pueden elegir entre los proveedores de servicios, acceder a la información para informar sus decisiones, ejercer los principios de salida o expresar quejas cuando la calidad del servicio es inferior. También, subestima las responsabilidades de estos actores como ciudadanos.



3. Políticas de CTI para un desarrollo inclusivo y sostenible

Un enfoque más centrado en el rol instrumental de ciencia, tecnología e innovación para un desarrollo inclusivo y sostenible requiere ir más allá de los abordajes anteriores. Es necesario no sólo una definición clara y explícita de cómo instrumentar ese rol para las PCTI, sino también esfuerzos decididos de una coordinación estrecha entre distintas áreas de política para favorecer su encuentro y énfasis en la sostenibilidad y la inclusión social. Esta relación, lejos de ocurrir espontáneamente, necesita de acciones definidas a tales fines. Esta discusión sobre la imprescindible direccionalidad de las políticas de CTI hacia el desarrollo sustentable, en un sentido integral, atraviesa la discusión académica internacional. Así se habla de avanzar en políticas de CTI que resulten transformadoras de dinámicas estructurales y prácticas productivas y de consumo, de modo de resolver los desafíos globales inminentes (Rip y Kemp 1998, Geels 2002, Markard, Raven et al. 2012).

Para que ciencia, tecnología e innovación sean reales instrumentos de desarrollo sostenible e inclusivo hace faltan cambios profundos en varios niveles. Por ejemplo necesitamos una resignificación de cómo se conciben estas políticas, qué instrumentos se formula, qué razones las explican, cómo se diseñan, implementan y evalúan. La innovación aparece no sólo como objeto de la política sino también como forma de funcionamiento y búsqueda del sistema, con la experimentación y el aprendizaje como sus motores, orientada a objetivos sociales y ambientales (Schot y Steinmueller 2018). Un elemento clave de esta propuesta de políticas de CTI transformadoras a escala nacional es la identificación y reconocimiento de los problemas socio-económicos y ambientales con sus respectivos sistemas socio-técnicos, que configuran el desarrollo nacional, en base a procesos participativos plurales y sostenidos en el tiempo, tanto para el diseño y formulación de las políticas como para su implementación y evaluación. Asimismo, este enfoque se construye en diálogo con las iniciativas internacionales por establecer metas de desarrollo sostenible (ODS), enfatizando la relevancia de metas globales como referencia normativa, metas deseables, pero también como criterio organizador de las políticas y su coordinación.


Una fotografía de los instrumentos de PCTI 2007-2019

La revisión de tipologías de políticas de CTI, tanto en los aspectos que hacen a su diseño como a su implementación, genera una base firme para avanzar en la identificación y sistematización de los instrumentos de políticas diseñados e implementados en Uruguay en los últimos diez años.

Así, en el contexto de este proyecto hemos reunido información sobre un abanico amplio de instrumentos de políticas de CTI impulsados por distintas organizaciones del sistema nacional de CTI. La base de datos que se puede consultar en esta página se estructura en torno a un conjunto amplio de dimensiones, entre las que se encuentran:


Clase de políticas

• Apoyo económico
• Servicio
• Estudio o investigación
• Fuente de información


Tipo de políticas

• Subsidio parcial empresa
• Exoneración fiscal
• Crédito preferencial/Garantía crediticia
• Subsidio total
• Otros apoyos económicos
• Análisis
• Asesoramiento
• Capacitación (empresas y trabajadores)
• Desarrollo
• Asesoramiento en gestión/planificación/procesos
• Asesoramiento en la comercialización nacional y la internacionalización
• Asesoramiento propiedad intelectual o industrial
• Asesoramiento proyectos y emprendimientos
• Servicios de certificación, habilitación, etc.
• Servicios de gestión ambiental y reciclaje
• Servicios de incubación
• Servicios de intermediación, vinculación y desarrollo territorial
• Servicios de mecánica industrial (diseño, fabricación y reparación de equipos y piezas)
• Formación Becas y movilidad (académico)
• subsidio total investigación


Áreas de acción del programa/instrumento

• Tecnología y producción
• Desarrollo de productos y procesos
• Gestión y planificación
• Logística
• Calidad, certificaciones y regulaciones
• Energía, residuos y medio ambiente
• Mercados
• Recursos humanos
• Inversiones e infraestructura
• Seguridad y salud ocupacional
• Vinculación con otros agentes
• Investigación
• Difusión


Público objetivo

• Empresas
• Comunidad académica-científica
• Sector Público
• Organizaciones privadas


Tipo de institución patrocinadora

• Empresa pública
• Empresa privada
• Organización gubernamental
• Organización no-gubernamental
• Universidades e Institutos de investigación
• Organismos Internacionales
• Parques tecnológicos e industriales, proyectos e incubadoras


A continuación, se presenta una síntesis de la revisión de los datos de Uruguay.

En el período 2007-2019 la cantidad de programas implementados aumentó sustantivamente, a raíz de cambios vinculados a la profundización de las políticas públicas de CTI en el país. Al final del período se observa que un 78,40% de los programas están vigentes y activos.





Gráfico 1. Evolución de instrumentos/programas implementados







La tabla 4 presenta una mirada a las instituciones patrocinadoras.





Tabla 4. Instituciones patrocinadoras







Los instrumentos y programas vinculados a las PCTI se orientan a diversos actores: empresas, comunidad académica-científica, sector público y otras organizaciones privadas. El Gráfico 2 indica la distribución de los instrumentos según el público al que se dirija.





Gráfico 2. Instrumentos por público objetivo







Vemos que los programas tienen un importante énfasis en el impulso al desarrollo de capacidades de CTI en el sector empresarial, sumando un 68,86 %. El segundo actor relevante que participa activamente en el desarrollo de dichas áreas es la comunidad académica-científica (34,72%). Los instrumentos orientados al sector público y a organizaciones privadas suman un 9,06%.

El gráfico 3 presenta los programas por público objetivo e institución.





Gráfico 3. Número de programas por público objetivo e institución [1]







El área de acción de los instrumentos implementados surge que la formación de recursos humanos y la incorporación de nueva tecnología en el proceso productivo, así como el desarrollo de actividades de innovación, investigación básica y aplicada son las áreas que concentran mayor participación. Otras dos áreas que son atendidas por las políticas refieren a la gestión y planificación y establecer redes de colaboración entre los agentes que desarrollan actividades de CTI.





Gráfico 4. Programas por campo de acción







Gráfico 5. Porcentaje de Instrumentos por clase de apoyo







[1] Si un programa apunta a más de un público objetivo se contabiliza por cada público objetivo que contemple.

¿Por qué estas políticas?





Las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) se encuentran hoy como un componente habitual de las políticas públicas en Uruguay y en la amplia mayoría de países de América Latina, (Crespi y Dutrénit 2014; Navarro y Olivari 2016). En Uruguay las políticas de CTI tuvieron un impulso muy significativo en los últimos años, principalmente enfocadas a apoyar el desarrollo productivo y construir capacidades competitivas, pero también con metas orientadas a promover el desarrollo inclusivo de la población.

No obstante, si bien las políticas de CTI en Uruguay se agrupan en objetivos definidos y se asemejan a las aplicadas en otros contextos, los fundamentos de las mismas no siempre son explícitos, en particular si se considera cómo los mismos se expresan en los diferentes instrumentos aplicados. Es así que explicar porque se hacen estas políticas puede parecer trivial pero no lo es. Explicitar los por qué y para qué se diseñan y ejecutan tales o cuales políticas no es tarea fácil. De hecho, es muy raro que se explicite.

Hay al menos dos razones por las cuales la ausencia de claridad de fundamentos explícitos para las políticas de CTI no debería sorprender. La primera refiere a que las políticas e instrumentos son resultados concretos de procesos de negociación política apoyados en las capacidades con que cuenta el Estado para diseñarlas e implementarlas. Eso implica que la definición de objetivos, líneas de política y su concreción en instrumentos de promoción tenga un fuerte componente de aprendizaje en el hacer. Las agencias encargadas de PCTI, así como otras reparticiones estatales, suelen seguir estrategias de ensayo y error, evaluando diferentes diseños e instrumentos. Esto está relacionado con la segunda razón de la ausencia o escasez de fundamentos explícitos en las políticas de CTI. De hecho, existen y conviven diferentes argumentos más o menos articulados para las políticas de CTI. Es así habitual que cada política, programa o instrumento, no se acople exactamente a uno de los principales cuerpos de fundamentos (rationale) de la política, sino que se justifique por diferentes fundamentos más o menos convergentes

Pero esto tampoco es malo o bueno, solo que quien esté interesado en conocer esos fundamentos probablemente deberá rastrear, ordenar y comparar los argumentos que que derivan en estas PCTI. En definitiva, en algún lado reside la idea de que estas políticas se hacen para fomentar que los jóvenes sean más innovadores, o que el Estado cree nuevas reglas para fomentar la energía limpia, etc.

Desmenuzar esos grandes acuerdos, que al ojo no entrenado le resultan triviales tal vez, ayuda a poder pensar más y mejores PCTI, y es imprescindible para poder evaluarlas.

Lo anterior supone entender que cada política trae consigo, de manera explícita o implícita, un enfoque teórico particular y que el mismo se asocia a la concepción, explícita o implícita, de un modelo de desarrollo (Arond et al. 2011; Sagasti 2005; Herrera 1975). Los argumentos más difundidos para fundamentar la política de CTI se han referido tradicionalmente a aspectos económicos, e.g. importancia de la innovación para el desempeño económico, los atributos de bien público del conocimiento. No obstante, desde la aparición de la política de CTI como un área de política pública, entre sus principales fundamentos se aprecian tanto argumentos basados en las consecuencias de la actividad de CTI sobre aspectos como el desarrollo económico de países, calidad de vida de las personas, etc., como también argumentos que fundamentan la actividad de CTI por el valor intrínseco de la generación de conocimientos. Asimismo, desde la segunda mitad del siglo XX han aparecido cada vez más argumentos referidos a los efectos de la CTI en procesos de transformación social, inclusión, etc. En ese marco, han ganado particular relevancia los objetivos de desarrollo asociados al concepto de desarrollo humano (Colciencias 2018; Arond et al., 2011).

En este sitio podrás encontrar un desarrollo más extendido de los principales paradigmas de PCTI que informan las políticas contemporáneas; así como los fundamentos que aportaron diferentes expertos sobre políticas específicas de CTI.

¿Qué resultados podemos observar?





La evaluación de instrumentos de política es un aspecto destacado desde hace tiempo en la política de CTI y que las organizaciones involucradas han realizado crecientes esfuerzos para eso. No obstante, en Uruguay la práctica de evaluación de instrumentos de PCTI es aún parcial. Eso se debe a diversas razones. Una de ellas es que la evaluación ex-post (impacto, resultados o monitoreo), es una tarea compleja, que demanda altas capacidades técnicas y requiere sistemas de información adecuados. Además, el tipo de evaluación que es posible realizar depende del tipo de instrumento aplicado, cómo fueron seleccionados los casos apoyados y, muy en particular, de que la evaluación se haga en un momento que permita captar los resultados. Por otra parte, las políticas públicas suelen generar efectos esperados y otros, deseables o no, que no eran esperados a priori.

De tal manera que la información disponible, si bien extremadamente rica y relativamente amplia, debe ser tomada con cautela. Las conclusiones a las que es posible arribar dependerán del tipo de evaluación realizada, del momento en que se haga y, en particular, del instrumento de que se trate.

En tal sentido, en este proyecto organizamos información sobre los resultados de la PCTI en Uruguay, tomando como unidad de análisis la política y, principalmente los instrumentos aplicados. Son evaluaciones de instrumentos o programas, no se trata de evaluaciones de proyectos u otras actividades apoyadas mediante las políticas en cuestión.

Así, clasificamos tres tipos de documentos que permiten acercarse a los resultados obtenidos por la PCTI en Uruguay entre 2007 y 2019. En primer lugar, consideramos documentos que denominamos generales o de contexto, en los que se presenta información sobre los objetivos que guían la PCTI en general y los resultados que se espera obtener. Por otra parte, identificamos lo que denominamos documentos de evaluación sectoriales o de área, en donde se incluyen un conjunto de instrumentos, por ejemplo, aquellos orientados a promover la investigación fundamental o aquellos orientados a promover la innovación en el sector productivo. Estos permiten conocer mediciones de impacto, efectos o monitoreo de las políticas que buscan un objetivo general común, o que atienden un área o sector específico. En general, ese tipo de documentos no permite identificar efectos de un instrumento en particular. Finalmente, en la base de datos, el lector podrá encontrar información sobre evaluaciones específicas de los instrumentos relevados.

En todos los casos, estos documentos aparecen asociados a los instrumentos a los que hacen referencia. Como es obvio, aquellas evaluaciones de contexto aparecen asociadas a múltiples instrumentos, también las sectoriales, mientras que algo más del 12% de los instrumentos cuenta con evaluaciones específicas (gráfico 1).

Por otra parte, en el sitio web se incluyen referencias, no asociadas a los instrumentos específicos, sino a documentos de diagnóstico general sobre la PCTI en Uruguay, publicados por diferentes autores y organizaciones, que permiten apreciar diferentes miradas sobre las PCTI en Uruguay. Si bien no se trata de documentos de evaluación, por eso no se vinculan a los instrumentos, los mismos serán de utilidad para el lector interesado en conocer los argumentos y, en algunos casos, los debates, que han nutrido la política de CTI en el período considerado.

Esta información se resume en un "mapa de evidencia". La principal virtud que tienen este tipo de "mapas", es mostrar gráficamente en una o algunas imágenes, el grado de acompañamiento y evaluación que tiene una política. Es muy claro, que, en el caso de la PCTI en Uruguay, la evaluación es aún muy poca y focalizada.

Eso permite a su vez diferenciar según el tipo de evaluación, no ya por el alcance (específico, sectorial o general), sino por la metodología y las técnicas empleadas, asociadas al objetivo de la evaluación. Por evaluaciones de monitoreo se consideran aquellas que permiten acompañar el proceso de implementación de los instrumentos, pero también tener información ex post sobre cómo se llevó a cabo. En esa sección se incluyen además referencias a documentos de los propios instrumentos, donde se reporta la gestión de la edición específica. Las evaluaciones de resultados, por su parte, se refieren a aquellas que, dado el método y el momento en que se realizan, permiten observar si existen resultados de los instrumentos aplicados. Los resultados que se reportan suelen estar organizados según los objetivos de los instrumentos, pero no necesariamente es así, en particular cuando la evaluación refiere a instrumentos relativamente novedosos o incluso experimentales. Finalmente, lo que se denomina evaluación de impacto, que ha tenido un fuerte impulso en las últimas décadas, como práctica regular en muchos ámbitos de política pública, refiere a aquellas evaluaciones que aplican métodos que permiten aislar el efecto del instrumento/política de otros factores concomitantes. Vale notar que siempre, la atribución de causalidad debe ser considerada como un esfuerzo analítico no una conclusión taxativa.

El uso de todos estos tipos de evaluaciones es parte de movimientos como el de "política basada en la evidencia", que buscan ofrecer información a los hacedores de política para mejorar las políticas implementadas, pero también, y muy especialmente, a los ciudadanos, sobre el destino de los recursos públicos.

Mapa institucional



Política CTI estricto



  • Niveles / Funciones
  • Universitario
  • Nacional


  • Programática
  • Universidad de la República
  • MEC
    DICYT


  • Deliberativa
  • Universidad de la República
  • CONICYT


  • Ejecución
  • CCI
  • PEDECIBA PDT
    INIA






Política CTI amplio



  • Niveles / Funciones
  • Nacional

    Sectorial
    Financiamiento
    Regulación
  • Autores


  • Programática
  • MIAM
    MGAP
    MEF
    OPP
     
  •  


  • Deliberativa
  • Institutos Público - Privados
    Institutos Público - Privados
     
  • COMISIÓN CTI CIU - PITCNT


  • Ejecución
  • Institutos Público - Privados
    Programas MGAP
    LATU
    Institutos Público - Privados
    DNPI
  •  

Política CTI estricto



  • Niveles / Funciones
  • Universitario
  • Nacional


  • Programática
  • Universidad de la República
  • Gabinete Innovación
    DICYT


  • Deliberativa
  •  
  • Nuevo CONICYT


  • Ejecución
  • CCI
    CSIC
  • PEDECIBA
    INIA
    ANII






Política CTI amplio



  • Niveles / Funciones
  • Nacional

    Sectorial
    Financiamiento
    Regulación
  • Autores


  • Programática
  • MIEM
    MGAP
    OPP
    MEF
     
  •  


  • Deliberativa
  • Consejos Sectoriales
    Institutos Público - Privados
    Institutos Público - Privados
     
  • Delegaciones CONICYT


  • Ejecución
  • Programas MGAP
    LATU
    Institutos Público - Privados
    ANDE
    UXXI
    Institutos Público - Privados
    DNPI
  •  

Política CTI estricto



  • Niveles / Funciones
  • Universitario
  • Nacional


  • Programática
  • Universidad de la República
  • Gabinete Innovación D2C2
    Secretaría CyT


  • Deliberativa
  • Universidad de la República
  • Nuevo CONICYT


  • Ejecución
  • CCI
    CSIC
  • PEDECIBA
    INIA
    ANII






Política CTI amplio



  • Niveles / Funciones
  • Nacional

    Sectorial
    Financiamiento
    Regulación
  • Autores


  • Programática
  • MIEM
    MGAP
    OPP
    Secretaría TP
    MEF
    Secretaría TP
     
  •  


  • Deliberativa
  • Institutos Público - Privados
    Consejos Sectoriales
    Secretaría TP
    Secretaría TP
    Institutos Público - Privados
     
  • Delegaciones CONICYT
    Consejos TP


  • Ejecución
  • Programas MGAP
    LATU
    Institutos Público - Privados
    ANDE
    UXXI
    Institutos Público - Privados
    DNPI
  •